La represión de la protesta social en Colombia

by | Jun 11, 2021 | Colombia | 0 comments

Proyecto: CULTURAS DEL ANTIRRACISMO EN LATINOAMÉRICA – CARLA*

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
sobre
La represión de la protesta social en Colombia

Un mes después del inmenso estallido social en Colombia, producto de la indignación colectiva que suscitó inicialmente un paquete de reformas tributarias, laborales y de salud promovidas por el gobierno, seguimos viendo con alarmante preocupación la persistencia de la violencia homicida, la represión policial y la violación flagrante de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública. A la fecha de este comunicado, y tal como lo reportan varias organizaciones de la sociedad civil, ONG’s y observatorios de Derechos Humanos, 3789 personas han sido víctimas de la brutalidad policial. Entre ellas, 1248 personas han experimentado violencia física con armas letales, 45 han perdido la vida por acciones conjuntas entre la fuerza pública e individuos paramilitares de la sociedad civil, quienes haciendo uso de armas de fuego han disparado contra manifestantes, sin ser judicializados por ello. Se reportan, igualmente, 25 víctimas de violencia sexual, 65 víctimas de afecciones irreparables en los ojos por impactos con perdigones y otros objetos disparados por la fuerza pública y 187 casos de disparos con armas de fuego, así como 1649 detenciones arbitrarias ().

Gran parte de los afectados, y principales protagonistas de la movilización, son los jóvenes de la llamada Primera Línea que, desde barricadas, organizaciones barriales y vecindarios empobrecidos en las grandes urbes y en ciudades pequeñas de Colombia – Cali, Bogotá, Medellín, Pasto, Tuluá, Buga, Manizales, Pereina, Buenaventura, entre muchas otras- han exigido de manera pacífica la apertura de canales directos de diálogo y mesas de trabajo con el gobierno nacional para llegar a acuerdos que garanticen una renta básica, la condonación de deudas por estudios y educación gratuita, la democratización en el acceso a la salud, controlada por las EPS que constituyen en efecto un sistema privado, y la vida colectiva en el país, entre otras varias demandas consignadas en pliegos de peticiones. Al mismo tiempo se han realizado distintos actos simbólicos, por ejemplo, el Pueblo Misak ha derribado las estatuas de los conquistadores españoles en Popayán, Cali y Bogotá, lo que permite interrogar el pasado como algo cargado de sentido para el presente y articular las exigencias al Estado de reparación histórica, con las denuncias del racismo. Pero no solo los Misak han hecho actos simbólicos. Las manifestaciones en los puntos de resistencia han incluido todo tipo de acciones artísticas y de denuncia desde muralismo, artes escénicas, títeres, música, poesía, y audiovisual. Tras observar con horror la manera en que los jóvenes de la Primera Línea han sido blanco de muerte y persecución, se han generado actos de solidaridad por parte de madres, comunidades, profesionales de la salud, abogadxs, maestrxs, religiosos, artistas, etc.

Estas demandas se suman a un largo historial de desigualdades acumuladas con un fuerte sesgo étnico-racial, resultado de un sistema capitalista superpuesto en una base colonial y esclavista que ha facilitado la dominación económica y el acaparamiento de gran parte de los terrenos cultivables y otros recursos por parte de una pequeña élite mayoritariamente blanco-mestiza. (Según un informe del PNUD de 2020, el 51% de la tierra en Colombia pertenece al 1.5% de la población entre los que se disputan sector privados, familias terratenientes y actores del narcotráfico entre otros.) Estas desigualdades se han exacerbado en las últimas décadas por el control de recursos naturales a manos de actores del narcotráfico coludidos con el estado, grupos guerrilleros, el capital privado y familias de terratenientes, situación que ha acelerado el histórico proceso de desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de sus territorios. A la par, la aspersión con glifosato impulsada por el gobierno nacional como parte del programa de erradicación de cultivos ilícitos ha afectado la salud y los territorios de estas comunidades, hecho que se ha sumado a los otros factores históricos de desplazamiento en el país.

La respuesta inmediata y contundente de un gobierno deslegitimado políticamente ante la movilización social ha sido criminalizar la protesta, desestimar las demandas, redoblar la militarización en ciudades como Cali y Bogotá y presentar como vándalos y criminales a los jóvenes, asociándolos con sectores de la guerrilla del ELN y disidencias de la Farc que persiguen sus propios intereses políticos. A la par, ha ignorado la responsabilidad conjunta de la fuerza pública en los actos de violencia que se le imputan; ha permitido que civiles de clases acomodadas disparen con armas de fuego a manifestantes desarmados, y se ha negado a dialogar y a reconocer la justeza de las solicitudes de jóvenes y trabajadores, cuyas vidas se vieron visiblemente precarizadas por la pandemia. En respuesta, los altos mandos del gobierno, en coordinación con El ESMAD y la Policía Nacional, han buscado construir la imagen de un enemigo interno cuyos representantes, según el gobierno, son la juventud indignada, que en realidad simplemente está marchando por sus derechos, y la minga indígena del Cauca, que ha sido el blanco particular de la represión. Igualmente, el gobierno ha puesto en marcha una estrategia divisionista, reuniéndose de forma aislada con los gremios empresariales y alentando los clivajes sociales entre quienes se debaten entre apoyar o criminalizar la protesta social, en una atmósfera generalizada de tensiones racistas y clasistas.

Desde el proyecto Culturas del Antirracismo en América Latina, CARLA, rechazamos de manera rotunda el uso de la violencia para silenciar el derecho legítimo a la protesta social y la antidemocrática interdicción del ingreso al país de comisiones y observadores internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar la situación. Rechazamos igualmente la brutalidad de la represión de la fuerza pública, particularmente durante las jornadas nocturnas, contra los jóvenes que marchan y se organizan para proteger y preservar sus vidas en el marco del PARO NACIONAL. Instamos al gobierno nacional de Colombia a escuchar a la ciudadanía en sus justos reclamos en relación con las desigualdades sociales, el racismo estructural y la exclusión, y a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Reiteramos nuestro llamado 1) al desmonte de las acciones del ESMAD o al menos su suspensión mientras se esclarecen e investigan las violaciones a derechos humanos que se le imputan; 2) al reconocimiento, cese inmediato y sanción de los excesos de autoridad cometidos por la fuerza pública; y 3) a la pronta búsqueda de respuestas claras a la insatisfacción generalizada, por el bien y el cambio necesario de un país que busca sobrevivir a una de las crisis económicas , sociales y políticas más devastadoras de su historia reciente.

Bogotá, 9 junio, 2021.

Los suscritos actuamos en calidad de ciudadanos libres de nuestros respectivos países en apoyo a la situación en Colombia, nuestras opiniones no necesariamente representan los posicionamientos de las instituciones a las que estamos afiliados.

Firman – miembros del Proyecto CARLA, colaboradores y simpatizantes en Colombia, Argentina, Brasil y Reino Unido.

Dra. Mara Viveros-Vigoya, Profesora Titular Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia

Dr Peter Wade, Profesor Titular de Antropología Social, University of Manchester

Dr. Carlos Correa Angulo – Antropólogo y Lingüista. Research Associate, University of Manchester

Liliana Angulo Cortés, Artista plástica y gestora cultural / Colectivo Aguaturbia / Grupo de archivo y memoria de la Comuna 6 de Buenaventura / Wi Da Monikongo. Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia.

Dra. Ana Vivaldi – Antropóloga y docente universitaria. Research Associate, University of Manchester.

Dra. Jamille Pinheiro Dias – Doutora en Letras y investigadora. Research Associate, University of Manchester

Miriam Alvarez – Profesora y teatrera mapuche, Docente de la Universidad Nacional de Río Negro y directora del Grupo de Teatro Mapuche El Katango

Dr. Ezequiel Adamovsky, Historiador, Universidad de San Martín/CONICET

Rossana Alarcón – Artista visual y Estudiante de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, Investigadora asistente proyecto CARLA – Colombia.

Rafael Palacios, Bailarín coreógrafo, activista, Magister en Educación y Derechos Humanos. Fundador Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa.

Dr. Pedro Mandagará – Professor de Literatura Brasileira, Universidade de Brasília
Alejandra Egido Directora de la Compañía teatral Teatro en Sepia.

Alejandro Frigerio – Profesor de FLACSO Argentina – Investigador Principal del CONICET

Dr. Ignacio Aguiló, profesor asociado de estudios culturales latinoamericanos, Universidad de Manchester

Lúcia Sá, Profesora Titular de Estudios Brasileños, Universidad de Manchester

Dr. Felipe Milanez, Profesor Asociado, Instituto Milton Santos de Humanidades, Artes y Ciencias (IHAC), Universidad Federal de Bahía

Arissana Pataxó, Artista, estudiante de doctorado en Artes, Universidad Federal de Bahía, Brasil

Naine Terena, artista, curadora y docente, Faculdade Católica de Mato Grosso, Brasil

Denilson Baniwa, artista, Amazonas, Brasil

*Nota: CARLA es un proyecto internacional de investigación sobre arte y antirracismo en el que participan investigadores y artistas del Reino Unido, Brasil, Colombia y Argentina. Para mayor informacion, ver  https://sites.manchester.ac.uk/carla/ .

 

0 Comments